El efecto fiscal de incluir los alimentos de mascotas como parte de los artículos exentos del pago del Impuesto Sobre Ventas y Usos (“IVU”) durante el fin de semana de ventas de preparación para la temporada de huracanes se estimó en aproximadamente $510,000 en el año fiscal 2027. Por otra parte, se incluye un Apéndice con una evaluación adicional a petición de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado donde se presenta un estimado de efecto fiscal  con un escenario alterno.

El costo fiscal asociado a la implantación de la Ley para la Educación, Prevención y Atención Integral del PTSD en la Población Veterana de Puerto Rico conlleva un gasto presupuestario mínimo de $1 millón para el año fiscal 2027. Según discutido, la OPAL estima que la implementación inicial pudiese conllevar un gasto en el rango de $1.6-1.9 millones. Para años fiscales subsiguientes, el costo recurrente dependerá de las asignaciones presupuestarias otorgadas al RCM, así como de las decisiones gerenciales y del alcance que finalmente tenga el Programa en su día.

El efecto fiscal del crédito contributivo al patrono equivalente al 50% del bono de maternidad pagado, aplicable contra su contribución sobre ingresos, se estimó en aproximadamente $11.8 millones anuales a partir de 2027.

Permitir que la AAA mantenga brigadas propias de celadores de línea y personal con experiencia operacional en el sistema de energía eléctrica tendría un efecto fiscal neutral siempre que se contraten celadores que estén actualmente empleados por otra agencia o entidad gubernamental, en virtud del proceso de movilidad establecido en la Ley 8-2017.  El impacto presupuestario sobre la AAA puede ascender a $2.2 millones, basado en un estimado del salario promedio de un celador movilizado de la AEE. En el escenario vislumbrado por la OPAL, el impacto presupuestario se podría neutralizar mediante reprogramación o mediante el proceso ordinario de confección del presupuesto.

Fijar en $1,000 la pensión mínima mensual de maestros y empleados públicos retirados conlleva un aumento en el gasto público por concepto de PayGo de $232.6 millones por año fiscal.

La creación del Fondo de Proyectos de Capital Público del Gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, no conlleva costo fiscal sobre el Fondo General, al tratarse de una redistribución de recursos existentes. La medida dispone que las asignaciones para mejoras capitales permanentes y el 35% de los recaudos del Puerto Rico Trust Fund se consignen en un solo Fondo, sin incrementar gastos ni crear nuevas obligaciones sobre el fisco. No obstante, las asignaciones anuales que nutrirían el Fondo podrían ascender a aproximadamente $638,496,026.

De aprobarse la R. C. de la C. 318, la OPAL concluye que la medida no sugiere un costo fiscal significativo, toda vez que la evaluación de una posible acción de recobro podría realizarse como parte de las funciones ministeriales del Departamento de Justicia. De instaurarse una acción de recobro y resultar favorable, se estima que el Gobierno de Puerto Rico podría recuperar al menos $105,555 por concepto de horas extras pagadas a ciertos agentes destacados como escoltas durante el periodo comprendido entre los años fiscales 2023-2025 y hasta septiembre del año fiscal 2026.

De aprobarse el P. del S. 1096, se estima un efecto fiscal potencial de $889,670 dólares si se considera la transformación de la totalidad de plazas de jueces municipales a jueces superiores. No obstante, dada la progresividad de los cambios, pues son sujetos al vencimiento de los nombramientos, el costo fiscal neto anual fluctúa entre $0 y $83,734 durante el periodo comprendido entre los años fiscales 2027 al 2031.